El objetivo de esta iniciativa es que los partidos las incluyan en los programas electorales y hagan público su compromiso y posicionamiento hacia las personas con discapacidad y sus familias, un colectivo que supera en Catalunya las 537.000 personas y que pide respuestas concretas a sus necesidades y reivindicaciones. Por ello, el COCARMI considera que, además del debate sobre el modelo territorial que se está viviendo actualmente, también se debe poner a la persona y sus derechos en el centro del debate político para impulsar las políticas sociales que permitan revertir la situación de exclusión de las personas con discapacidad.

 

En este sentido, el documento incluye, por un lado, propuestas de carácter general como la incorporación a las listas de personas con discapacidad, la aprobación de una Ley Catalana de Derechos, no Discriminación e Inclusión en la Comunidad de las Personas con discapacidad, que sirva de norma de referencia en este campo en Catalunya, o la puesta en marcha de un Plan Catalán de Acción en Favor de la Mujer con Discapacidad.

 

Por otro lado, cuenta con propuestas específicas en diferentes ámbitos, incidiendo sobre todo en el laboral. La promoción y el impulso del empleo de las personas con discapacidad, la reserva de empleo para el colectivo en el sector público y el cumplimiento de la normativa legal sobre reserva de puestos de trabajo en la empresa ordinaria son algunas de las medidas concretas que se proponen en el documento. Otros puntos se refieren a los recursos para una educación inclusiva en todas las etapas de la enseñanza, la atención sociosanitaria que necesitan los diferentes colectivos de personas con discapacidad, la accesibilidad a los transportes, los espacios urbanos, las nuevas tecnologías y la comunicación. También incorpora ideas sobre cultura, ocio y deportes inclusivos.

 

COCARMI pide asimismo una mayor presencia del sector en todos los órganos de participación y debate de las instituciones públicas catalanas, planes específicos para jóvenes con discapacidad, una presencia positiva en los medios de comunicación y un plan de acción contundente contra el juego ilegal.

 

Aparte de hacer llegar el documento a las formaciones políticas, el Comité ha solicitado entrevistas con sus cabezas de lista para exponerles las actuales prioridades y preocupaciones de las entidades de la discapacidad.